jueves, enero 09, 2003
Oficina del Senador Javier Corral Jurado
http://www.senadorcorral.org.mx
Fuerza parapoliciaca y lenidad gubernamental.
Columna Rotafolio, EL UNIVERSAL.
POR Javier Corral Jurado
ME CAUSA escalofríos pensar que el gobierno federal, y más concretamente el señor presidente Vicente Fox, puedan estar de acuerdo con la forma en que TV Azteca ha actuado en los últimos días en relación con su litigio con CNI Canal 40 , y en el que decidió hacerse justicia por su propia mano. Me preocupa que ese silencio, esa inacción de las áreas competentes dentro del gobierno pase de negligencia a un acto de consentimiento, de acuerdo y convalidación.
Es que es muy grave el fondo del asunto. Independientemente del litigio mercantil que lleva casi 3 años, y las diversas interpretaciones que ambas televisoras ofrecen de una serie de sentencias judiciales tanto nacionales como de la Corte Internacional de París, lo cierto es que una fuerza parapoliciaca al servicio de una empresa privada ha cometido un asalto a las instalaciones de la torre de transmisión de otra empresa televisora, y ha colocado en forma indebida, sin autorización alguna u orden judicial correspondiente, su propia señal.
Esta invasión, a la par de la lenidad que tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la de Gobernación han mantenido en el tema, confirman la advertencia de numerosas voces respecto a que en México se erige paso a paso, con deliberada y acuciosa intención, un poder mayor que el del Estado nacional: el poder de los medios electrónicos de información.
La impunidad humilla al país. ¿A nombre de qué, o con base en qué respaldo, puede una empresa televisiva en conflicto jurídico con otra, tomar en sus manos la supuesta ejecución de la ley, operarla con sus propios medios violentos de disuasión y disponer del espacio radioeléctrico que pertenece a la nación y sólo a la nación?
Estamos ante una violación del orden jurídico fundamental más que flagrante: de suma gravedad y de mayor trascendencia que el conflicto judicial en que pretende sustentarse, puesto que atañe a la legitimidad exclusiva del Estado democrático en el uso de la fuerza y a su soberanía sobre los bienes nacionales. No es posible que a la impunidad de la que gozan las dos principales empresas televisivas del país en torno de su programación y la violación constante de las normas que rigen esos contenidos en la pantalla chica, sobrevenga también la impunidad en el uso de la violencia.
El cambio democrático está obligado a imponer su ineludible potestad en el asunto CNI-Azteca , que con la ley en la mano restablezcan el orden jurídico quebrantado, encaucen judicialmente a los infractores, insten al Poder Judicial a sujetar a quienes intentan imponer su propia ley y resarzan de inmediato la soberanía estatal sobre el espacio radioeléctrico.
La Ley Federal de Radio y Televisión es clara: "No podrán alterarse las características de la concesión, sino por resolución administrativa en los términos de esta ley o en cumplimiento de resoluciones judiciales". La Constitución no admite discusión: el artículo 16 consagra el principio de legalidad, nadie puede ser molestado en su persona o patrimonio, sino por mandamiento judicial debidamente fundado y motivado; el artículo 17 prohíbe la justicia por propia mano.
En el supuesto que alude TV Azteca de ser el depositario de la razón jurídica en el conflicto mercantil, incluso en ese caso, no se justifica la acción violenta, pero mucho menos la manipulación informativa que esa empresa ha cometido en estos días, arriesgando innecesariamente el prestigio moral y social de muchos de sus comunicadores. Tampoco se justifica y por el contrario despierta una enorme preocupación sobre la cultura de complicidad en que vivimos la conspiración del silencio que desde varios medios impresos y electrónicos se ha desatado sobre los verdaderos hechos.
Me estruja recordar, a propósito de este conflicto, los sucesos electorales de 1986 en Chihuahua, donde el fraude colosal cometido contra los ciudadanos de mi Estado fue cercado informativamente, y las autoridades actuaron en complicidad con los salteadores de urnas.
El caso del Canal 40 , nadie se confunda, es un asunto de la nación. Es fundamental garantizar el derecho a la información de todos los mexicanos, por lo que es necesario el restablecimiento de los noticiarios de CNI en señal abierta, como lo señala su título de concesión.
El Poder Legislativo tampoco puede pasar por alto este desafío que pone en riesgo tanto la eficacia de las instituciones como su legitimidad. Es mucho lo que está en juego en ese cálculo de poder que están jugando los directivos de TV Azteca frente a los poderes del Estado. Hasta hoy no ha tenido la administración del presidente Fox un mayor reto que ese en el ámbito de la legitimidad y el estado de derecho.
Publicar un comentario
http://www.senadorcorral.org.mx
Fuerza parapoliciaca y lenidad gubernamental.
Columna Rotafolio, EL UNIVERSAL.
POR Javier Corral Jurado
ME CAUSA escalofríos pensar que el gobierno federal, y más concretamente el señor presidente Vicente Fox, puedan estar de acuerdo con la forma en que TV Azteca ha actuado en los últimos días en relación con su litigio con CNI Canal 40 , y en el que decidió hacerse justicia por su propia mano. Me preocupa que ese silencio, esa inacción de las áreas competentes dentro del gobierno pase de negligencia a un acto de consentimiento, de acuerdo y convalidación.
Es que es muy grave el fondo del asunto. Independientemente del litigio mercantil que lleva casi 3 años, y las diversas interpretaciones que ambas televisoras ofrecen de una serie de sentencias judiciales tanto nacionales como de la Corte Internacional de París, lo cierto es que una fuerza parapoliciaca al servicio de una empresa privada ha cometido un asalto a las instalaciones de la torre de transmisión de otra empresa televisora, y ha colocado en forma indebida, sin autorización alguna u orden judicial correspondiente, su propia señal.
Esta invasión, a la par de la lenidad que tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la de Gobernación han mantenido en el tema, confirman la advertencia de numerosas voces respecto a que en México se erige paso a paso, con deliberada y acuciosa intención, un poder mayor que el del Estado nacional: el poder de los medios electrónicos de información.
La impunidad humilla al país. ¿A nombre de qué, o con base en qué respaldo, puede una empresa televisiva en conflicto jurídico con otra, tomar en sus manos la supuesta ejecución de la ley, operarla con sus propios medios violentos de disuasión y disponer del espacio radioeléctrico que pertenece a la nación y sólo a la nación?
Estamos ante una violación del orden jurídico fundamental más que flagrante: de suma gravedad y de mayor trascendencia que el conflicto judicial en que pretende sustentarse, puesto que atañe a la legitimidad exclusiva del Estado democrático en el uso de la fuerza y a su soberanía sobre los bienes nacionales. No es posible que a la impunidad de la que gozan las dos principales empresas televisivas del país en torno de su programación y la violación constante de las normas que rigen esos contenidos en la pantalla chica, sobrevenga también la impunidad en el uso de la violencia.
El cambio democrático está obligado a imponer su ineludible potestad en el asunto CNI-Azteca , que con la ley en la mano restablezcan el orden jurídico quebrantado, encaucen judicialmente a los infractores, insten al Poder Judicial a sujetar a quienes intentan imponer su propia ley y resarzan de inmediato la soberanía estatal sobre el espacio radioeléctrico.
La Ley Federal de Radio y Televisión es clara: "No podrán alterarse las características de la concesión, sino por resolución administrativa en los términos de esta ley o en cumplimiento de resoluciones judiciales". La Constitución no admite discusión: el artículo 16 consagra el principio de legalidad, nadie puede ser molestado en su persona o patrimonio, sino por mandamiento judicial debidamente fundado y motivado; el artículo 17 prohíbe la justicia por propia mano.
En el supuesto que alude TV Azteca de ser el depositario de la razón jurídica en el conflicto mercantil, incluso en ese caso, no se justifica la acción violenta, pero mucho menos la manipulación informativa que esa empresa ha cometido en estos días, arriesgando innecesariamente el prestigio moral y social de muchos de sus comunicadores. Tampoco se justifica y por el contrario despierta una enorme preocupación sobre la cultura de complicidad en que vivimos la conspiración del silencio que desde varios medios impresos y electrónicos se ha desatado sobre los verdaderos hechos.
Me estruja recordar, a propósito de este conflicto, los sucesos electorales de 1986 en Chihuahua, donde el fraude colosal cometido contra los ciudadanos de mi Estado fue cercado informativamente, y las autoridades actuaron en complicidad con los salteadores de urnas.
El caso del Canal 40 , nadie se confunda, es un asunto de la nación. Es fundamental garantizar el derecho a la información de todos los mexicanos, por lo que es necesario el restablecimiento de los noticiarios de CNI en señal abierta, como lo señala su título de concesión.
El Poder Legislativo tampoco puede pasar por alto este desafío que pone en riesgo tanto la eficacia de las instituciones como su legitimidad. Es mucho lo que está en juego en ese cálculo de poder que están jugando los directivos de TV Azteca frente a los poderes del Estado. Hasta hoy no ha tenido la administración del presidente Fox un mayor reto que ese en el ámbito de la legitimidad y el estado de derecho.
Publicar un comentario
dios se hizo pipí, pues también fué chico | Plantilla por Plantishas para Blogger
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
